Regular para proteger e impulsar

Las autoridades gubernamentales, dentro de la Ley para el Fomento y la Financiación Empresarial, se disponen a regular el 'crowdfunding'. Allá por octubre de 2012, en este mismo espacio, dijimos que este anglicismo denominaba una especie de financiación colectiva (o financiación por parte de la multitud) de proyectos de negocio. Muchas aportaciones en cantidades pequeñas. El hecho de regular este fenómeno mediante leyes va más allá de interpretaciones de negocio o de tecnología aplicada a un mejor acceso a estos métodos de financiación (plataformas de 'crowdfunding' en Internet). Nos lleva más a una interpretación política, fiscal y económica de este nuevo mecanismo.

Créanme, no voy a convertirme ahora en comentarista político. No. Pero sí me van a permitir que use el sentido común para aportarles mi opinión al respecto. La regulación de estos métodos de financiación tiene que buscar la protección del mecenas inversor (que lo que invierte vaya al objetivo), del empresario que necesita financiarse (que esa financiación tenga forma gestionable y controlable), de las plataformas que gestionan este tipo de servicios (que al fin y a la postre son motores de estas iniciativas) y del entorno económico y social en general (que se dé trato fiscal ecuánime a este tipo de operaciones mediante su impulso y correcto gravamen).

Por otro lado, la regulación tiene que ir orientada a impulsar la actividad. Muy faltos estamos de presión en las calderas económicas. Y una forma de impulso es la discriminación positiva en términos fiscales y procedimentales. Tanto para los millones de mecenas, como para la plataforma como para el empresario que se apoya en ambas cosas. Y este impulso y discriminación positiva no tienen por qué chocar con otras vías de financiación tradicionales apoyadas en la banca o en el estado. Y no chocan porque, simplemente, son financiaciones de distinta estructura en su concepción, desarrollo, sistemas de garantía y métodos de resarcimiento y retribución.

Si no se consiguen estos dos objetivos: protección e impulso, caeremos en una sarta de males crónicos en nuestros sistemas y que habría que desterrar. Burocracia, trabas, plazos insoportables, tasas y condiciones contradictorias. Y de todo ello sabe mucho, demasiado, nuestra administración pública. Y de muchos de esos males están enfermas nuestra estructura empresarial y la raza de nuestros empresarios y emprendedores.

¿Habrá suerte y esta regulación será el inicio del cambio? Así será si se usa el sentido común.

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