Banda ancha y sostenibilidad

Resulta arriesgado tratar de acertar cuál será la aplicación asesina de las próximas navidades. Tampoco es fácil adelantar la funcionalidad que estará de moda en los móviles dentro de un par de años. Y aunque se haya definido un ansiado objetivo a nivel europeo, decir ahora los servicios de telecomunicación que se corresponderán con el estándar de la oferta en 2020, es un brindis al sol.

Lo que si puede intuirse con claridad es cómo la banda ancha va  a aportar cada vez más valor añadido a la prestación de todo tipo de servicios y, en particular, los servicios que conforman la sociedad del bienestar. Educación, sanidad y servicios sociales contarán de forma creciente con las telecomunicaciones para hacerse más accesibles y mejorar el nivel de prestaciones.

No se trata sólo de la repetida promesa de las nuevas tele-cosas, ya muy presente en casi todos los ámbitos de la vida. Se trata más bien de la generalización del canal en línea como vía preferente para el acceso a los servicios públicos, tal y como ya lo es de manera creciente en el comercio, la banca o los medios de comunicación. Ello exige de una universalización del acceso a la banda ancha en condiciones suficientes.

Como sabemos, la nuestra es una región con una destacada dispersión de la población. Ésta es, por un lado, una de sus señas de identidad rural y, por otro, un recurrente lastre para abrazar la modernidad. La realidad nos impone que el coste de tener disponibles los servicios públicos en los núcleos urbanos que no agregan suficiente población es más elevado.

Sin embargo, la banda ancha ha alcanzado un desarrollo tal que puede permitir una migración a medio plazo hacia servicios en línea de buena parte de las prestaciones públicas del estado del bienestar. Con ello mejoraran su accesibilidad y reducirán su dependencia de la distribución demográfica y sus costes de prestación efectiva, avanzando así en su sostenibilidad.

La inversa tiene también su exigencia. Para que la infraestructura de telecomunicaciones desplegada sea sostenible, es decir, que se pueda razonablemente garantizar su evolución tecnológica acorde a la continua elevación del estándar de servicio, son necesarias concesiones a la racionalización  de costes y a la rentabilidad de las inversiones cuando estas corren por cuenta del sector privado.

La brecha digital no es un problema que tenga la potencialidad de ser resuelto en un momento dado. No. Es una circunstancia que necesariamente va a tener que gestionarse de manera continuada, en el marco de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, en la medida que los estándares de servicio evolucionan con la tecnología. Y a ésta no la para nadie.

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