Uber y Airbnb, en el punto de mira

Uber y Airbnb, en el punto de mira

Arranca un nuevo año, pero los problemas son los mismos. La irrupción de fórmulas de economía colaborativa suponen una rotura del sistema hasta ahora conocido. 2017 será el año en el que, esperemos, comiencen los distintos poderes públicos a establecer las reglas del juego. No es posible que jueguen en el mismo tablero agentes superegulados y otros que van por libre. Tiene que haber unas normas iguales para todos, es la clave de la competitividad. Y esas normas deben buscar siempre - en teoría - el bien común.

Uber y Airbnb están en el ojo del huracán. Dos pequeñas star-ups que ahora valen miles de millones de dólares y que, de ser anecdóticos sus servicios, se han convertido en un servicio más a la hora de buscar un desplazamiento privado o una habitación para dormir en cualquier localidad del planeta.

Las dos empresas se enfrentan a una aumento de la regulación de sus actividades. Quizás se puede tachar a las autoridades de muchos países que han actuado tarde, que no han considerado la potencia que encerraban. Su gran potencial es que hacen descansar sobre el propio usuario una gran parte de su trabajo. Curiosamente, Uber no tiene vehículos y Airbnb, ni tiene inmuebles.

Uber ya no puede ofrecer vuelos en helicóptero en EEUU. Su estrategia se basa en revocar las normas regulatorias en los tribunales, con una estrategia de enfrentamiento directo

Airbnb se muestra más conciliador. Eso no ha evitado que la compañía se enfrente en ciudades como Nueva York, Berlín o Barcelona asanciones en relación con sus alquileres. Así, en Londres y Masterdam, Airbnb prohibirá que los dueños alquilen durante más tiempo de lo legalmente establecido sus viviendas, aunque ingrese menos.

Pero la guerra en el sector turístico no ha hecho más que comenzar y la batalla se libra, por el momento, en España: El ayuntamiento barcelonés ha sancionado a esta plataforma con una multa de 600.000 €, siendo la única ciudad del mundo que les ha sancionado. La sanción se basa en anunciar pisos sin licencia turística. Barcelona es una de las ciudades que más sufre esta sobrecarga de turistas que no pagan impuestos y muchas estancias rebasan los 10 y 12 meses. No parecen alquileres vacacionales, sino arrendamientos disfrazados de turismo. Y, mientras tanto, el precio de los alquileres oficiales no hace más que subir.

En Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo ha pasado de las palabras a las hechos y ha sancionado a Airbnb con un expediente sancionador que rondaría los 30.000 euros.

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