La privacidad en la era digital

La Corte Suprema de Estados Unidos - algo así como su tribunal superior - ha aceptado un caso de gran importancia sobre el derecho de privacidad en la era digital. La cuestión es si la policía necesita o no un mandato judicial para acceder a la información de ubicación que los móviles dan a sus compañías de red. La policía puede utilizar estos datos para determinar si un sospechoso estaba cerca de una escena del crimen o emplear los datos en tiempo real para rastrear a un sospechoso.

El caso lo ha presentado un ciudadano que fue arrestado en 2011 como parte de una investigación que se estaba realizando en Detroit sobre unos robos en unas tiendas llamdas 'Radio Shack' y 'T-mobile' hace unos meses. Timothy Carpenter, que así se llama el afectado, fue arrestado porque la policía localizó su móvil cerca de las escenas del crimen. En realidad, lo que localizó es la señal que la compañía de telecomunciaciones le dió a la policía que indicaba la cercanía del móvil de Carpenter en los diferentes lugares donde se había realizado estos roboso a mano armada-

Carpenter presentó una demanda a los jueces porque considera que el hecho de obtener la localización de su móvil viola su derecho a estar libre de registros no razonables protegidos bajo la Cuarta Enmienda de la constitución estadounidense, que es la que proteje, precisamente, la privacidad del ciudadano. Las cuatro grandes compañías de telefonía móvil que operan en Estados Unidos (Verizon Communications, AT & T, T-Mobile US Inc y Sprint Corp) han reconocido que reciben miles de solicitudes al año para rastrear móviles con fines policiales.

En instancias inferiores, Carpenter fue condenado por seis robos gracias a esta información. En su última apelación en un juzgado de Ohio, se concluyó que no se requería ninguna orden para pedir dicha información a la compañía de telecomunicaciones. Por su parte, abogados de las libertades civiles afirman que la policía necesita una "causa probable", en consecuencia, necesitarían una orden judicial para realizar dichas solicitudes.

La Corte Suprema ha fallado dos veces en los últimos años a favor del ciudadano particular: En 2012, confirmó que es necesario una orden judicial para colocar un dispositivo de localización GPS en un vehículo y, años más tarde, también indicó que la policía necesita una orden judicial para registrar un teléfono móvil de un detenido.

No deja de ser un paso más en la guerra por los derechos del ciudadano en la era digital. La facilidad de obtener datos no debe menoscabar los derechos del individuo, pese a que sea una investigación judicial. Solo así podremos tener una red segura. Aunque parezca contradictorio.

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