UberPOP es no es una actividad de economía colaborativa

En 2014 desembarcó en España, concretamente en Barcelona, UberPOP, una paltaforma para compartir trayectos urbanos con conductores dispuestos a compartir su propio coche. La app cobra una tarifa de 3 euros. Este servicio de Uber es diferente a sus servicios más conocidos, en el que hay un chófer profesional.

Tras tres años de enfrentamientos en las calles y en los tribunales, un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que un Estado miembro de la UE puede "prohibir y sancionar penalmente" los servicios de UberPOP, ya que se trata de una actividad de transporte y no de un servicio de información.

Esta decisión deriva de un caso que enfrenta en Francia a la plataforma Uber con las autoridades. El letrado considera que el servicio de UberPOP "está incluido en la ámbito del transporte" y que sólo se refiere a la actividad digital de manera "incidental", por lo que no es necesario que el país notifique a Bruselas el proyecto de ley. La ley gala que regula la actividad de transporte de pasajeros prohíbe a los conductores no profesionales ejercer esta actividad porque no disponen de las autorizaciones necesarias para hacerlo.

Es la segunda vez que este letrado, Maciej Spuznar, sitúa este modelo de economía colaborativa dentro del sector del transporte y no como mera plataforma digital. Este transfondo está también en las conclusiones que, en el pasado mes de mayo, este mismo abogado advirtió, en el caso que enfrenta al gremio de taxistas barceloneses con Uber, afirmando que UberPOP ofrece un servicio de transporte que exige licencia y otras autorizaciones para ejercer su servicio en cualquier país de la UE.

La opinión de este abogado general no es vinculante para el Tribunal Europeo, cuya sentencia aún está pendiente. Un portavoz de Uber ha afirmado que espera estudiar el pronunciamiento del magistrado pero que, en Francia, solo se trabaja con conductores que tengan licencia profesional desde 2015, precismanete a raíz de estas sentencias y dictámentes de tribunales y magistrados europeos.

Definitivamente, el cerco sobre Uber y otras plataformas que ofrecen transporte privado se cerca sobre ellos y, finalmente, tendrán que amoldarse a las normativas europeas y, en consecuencita, también de cada país, para poder ejercer su actividad. La cuestión principal es que el centro de su actividad no es digital, sino el transporte de viajeros. Aquí es donde radica el quid de la cuestión y no parece que ni jueces ni magistrados tengan muchas dudas al respecto.

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